Sin duda los dos últimos años han sido fundamentales para el País en materia ambiental y de desarrollo sostenible; por una parte, el 2023 se cerró con grandes compromisos en la materia, asumidos por el Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026: “Colombia, potencia mundial de la Vida” y, por otra parte, el 2024 se aperturó con un importante anuncio, la elección de Colombia y, de Cali, como sede de la COP16.
La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), es el escenario de encuentro y discusión de importantes temáticas medioambientales y de biodiversidad del mundo, en este espacio que se desarrollará entre el 21 de octubre al 1 de noviembre, se contará con la presencia de 196 países, científicos, expertos y asistentes que discutirán los avances y resultados del Marco Global de Biodiversidad de Kunming – Montreal; el cual contiene 23 metas con una proyección de cumplimiento para el año 2030; dentro de las que se destaca la protección de los océanos, el desarrollo de una agricultura sostenible y la protección de las comunidades locales.
Esta es una importante decisión sin precedente alguno para Colombia; pues es la primera vez que Cali ha sido seleccionada para un evento de tal magnitud. Una noticia que nos enorgullece como caleños, al ser reconocida la biodiversidad que posee la Ciudad, pero que supone grandes desafíos en materia ambiental para el País.
Dentro de los grandes desafíos, se destaca la implementación del Acuerdo de Escazú; este es el primer tratado sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, que surgió como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Para el País, la implementación de este Acuerdo supone un gran reto, pues las cifras de líderes y lideresas defensores del medio ambiente amenazados y asesinados en los dos últimos años, es alarmante. Así las cosas, serán fundamentales las determinaciones que el Gobierno tome en materia de lucha contra los grupos armados y de garantías de protección.
La transición energética, ha sido uno de los pilares esenciales del actual Gobierno, su importancia se ratificó desde la pasada COP28 sobre cambio climático, en la que el Presidente Gustavo Petro anunció la descarbonización de la economía y, en su lugar, la implementación de una economía basada en la explotación de recursos renovables de energía, para ello, ha determinado la exploración y explotación de diferentes minerales sustitutos; sin embargo, esta decisión implicará primero que se realice la designación de las áreas en las que pueda desarrollarse la explotación, y, segundo, que en esa designación se garantice la participación de los actores sociales y las empresas.
A través de la Sentencia T – 622 del 2016, la Corte Constitucional de Colombia declaró como sujeto de derechos al Río Atrato, en esta misma línea, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, en el Caso 05, reconoció al Río Cauca como víctima de afectaciones por el conflicto, estas dos decisiones inéditas, suponen grandes retos en materia medioambiental y de biodiversidad para el País; pues implican la recuperación de las cuencas, territorios y comunidades que durante años, sufrieron las consecuencias de la guerra y de la contaminación generada por la minería ilegal.
Que la elección de Cali como sede de la COP16, no sea solo un motivo para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, sino que sea la oportunidad de ser conscientes de la biodiversidad que nos rodea y desde esa consciencia, contribuir con acciones a su protección en unión con las comunidades, empresas y voluntad política del Congreso.
Autor: Lina Marcela Mejía Vallejo I Abogada Litigante